Dia 11: 30 de enero

Nueva interrupción en el macrosumario 19/98

Como ya quedó demostrado en la sesión del 9 de enero, cuando los funcionarios de la Audiencia Nacional fueron incapaces de extraer del caos de las diligencias , a los letrados les resulta imposible ejercer su labor en estas condiciones. No han podido examinar las pruebas documentales que afectan a sus defendidos y no conocen las pruebas de cargo y de descargo que pesan sobre ellos.

El presidente de la Audiencia Nacional anunció al presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, a su homólogo del Consejo General de la Abogacía Española y al decano del Colegio de Abogados de Madrid que los abogados de la defensa dispondrían de las copias de las diligencias 74/89 y del tiempo necesario para estudiarlas. Pero esto no ha sido así, y ayer se presentaron en la Sala sin haber podido escanear la totalidad de los 100.000 folios, sin haber tenido tiempo de pasar a disco parte de lo ya escaneado, y, lógicamente, sin haber podido instruirse de esa importantísima prueba documental.

Así se lo hizo saber Arantza Zulueta a la presidenta del tribunal, Angela Murillo, antes de que comenzara el interrogatorio a Xabier Alegria. La letrada le puso al corriente de la situación y solicitó un plazo de un mes para poder analizar los documentos, ya que «nos encontramos ante el mismo problema que el 9 de enero».

La Sala ya había rechazado, apenas cuatro días antes, un recurso presentado por la defensa contra el auto que fijaba el reinicio del acto de vista oral para el 30 de enero. En ese recurso, como ya hicieran en la primera sesión del año, solicitaban la anulación del juicio, entre otras cosas porque han podido comprobar que las dili- gencias 75/89 afectaban a procesados que ya habían sido interrogados sin tener conocimiento de este hecho. Como medida subsidiaria, en caso de que no se aceptara esta petición, solicitaban un plazo de un mes para estudiar esta prueba documental, pero el tribunal hizo oídos sordos.

No era de la misma opinión el fiscal, Enrique Molina, quien aseguró que no hay ningún elemento en que sustenten sus acusaciones que no se encuentre incluido en el sumario 18/98 y argumentó que, por lo tanto, la defensa conoce las pruebas que obran en contra de los encausados. Sin embargo, no sucede lo mismo con las pruebas de descargo, que servirían para exculpar a los procesados y que, obviamente, el fiscal no ha incorporado al sumario para no perjudicar sus intereses.

Molina rechazó también la necesidad de suspender el juicio al sostener que, al ser las diligencias 75/89 una prueba documental y dado que la práctica de esta prueba documental se hará «dentro de cuatro, cinco o seis meses», a la defensa no le corre prisa acceder a las mismas. «Hay tiempo suficiente», declaró, sin importarle que los abogados defensores necesitan conocer el contenido de esas pruebas para interrogar a los procesados.

Tras escuchar las palabras del fiscal, la presidenta ordenó un receso, y los tres magistrados se retiraron a deliberar. Casi una hora más tarde, se reanudó la audiencia pública y Angela Murillo anunció la suspensión del juicio hasta el 13 de febrero. Avisó que se trataba del «último plazo» que concedía a la defensa.

De esta manera, más de tres horas después de la hora fijada para iniciar la sesión, los procesados ­faltaron dos de ellos por razones médicas­ salían de la Sala para volver a enfilar la carretera hacia Euskal Herria. Otros 900 kilómetros en vano.


(Fte: www.gara.net)