Se cierra una puerta, se abre una ventana

CIERRE DEL LOCAL DE BATASUNA DE DONOSTIA

La Consejería de Interior del Gobierno de Lakua comenzó a cumplir ayer las disposiciones sobre locales utilizados por Batasuna establecidas en su auto por el magistrado de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska. Tal como ya adelantara en días precedentes el titular del Departamento de Interior, Javier Balza, la Ertzaintza obedeció el auto judicial pese a la opinión del consejero contraria a la prohibición del acto en el BEC, y a pesar de la valoración globalmente contraria a la última decisión de la Audiencia Nacional que han venido efectuando cualificados representantes de los tres partidos que integran el ejecutivo de Gasteiz.

Tras disipar sus dudas sobre si procedía precintar un local, el sito en la calle Pedro Egaña de Bilbo, que ya no era utilizado por Batasuna y que, de hecho, está en alquiler, Interior envió a la Ertzaintza para que colgara el precinto judicial de la Audiencia Nacional en la puerta de dicho local de Bilbo. Horas después, tras corregir un error de dirección de la oficina, precintó un local en el polígono Belartza, en Donostia. En el intermedio entre ambos despliegues, el Departamento de Balza anunciaba su decisión de prohibir una movilización, convocada para esta tarde en Gasteiz, aludiendo a que la convocatoria «incluiría consignas de apoyo a una organización ilegal, lo que puede ser constitutivo de delito». Todo un ejercicio de «justicia preventiva», la prohibición de ésa y quizás luego de otras reuniones ciudadanas, en la hipótesis de poder atribuir carga delictiva a lo que, en cualquier estado de derecho, se interpretaría como un ejercicio básico de libertad de expresión.

El de por sí extensivo auto del magistrado de la Audiencia Nacional puede convertirse, en manos de una Consejería de Interior especialmente voluntariosa, en un arma letal para unas libertades ya de por sí limitadas para amplios sectores de la ciudadanía. Habida cuenta del rechazo de las formaciones políticas que se reconocen comprometidas en la búsqueda de una salida democrática al conflicto a un auto judicial que pretende obstaculizar la apertura de un proceso de diálogo resolutivo en Euskal Herria, cabría esperar de Lakua medidas razonables sobre la actuación de la Ertzaintza, a fin de no convertirla en la alumna aventajada del censor.

Si hay voluntad, seguro que existen fórmulas para no perpetuarse en la labor de precintar puertas en vez de en abrirlas.